CTR Gomecello: un vertedero con aroma a Gürtel

CTR Gomecello: un vertedero con aroma a Gürtel y fecha de caducidad constitucional


La obra que adjudicó Silvia Clemente a la UTE Sufi-Teconsa en 22, 5 millones en abril de 2003, acabó costando 30,9 millones en diciembre de 2008, tras haber sido declarada de Interés Regional para sortear una paralización del TSJ

Sábado, 06 de Julio de 2013 ::

Después de la sentencia que el pasado 4 de junio convirtió en inconstitucional el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga por haber sido legalizado gracias a una ley a la carta que lo declaraba de “Interés Regional”, el polémico Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de la localidad salmantina de Gomecello parece que ya tiene puesta la fecha de caducidad constitucional.

Una instalación que ha estado envuelta en la polémica, prácticamente, desde que comenzó a proyectarse, que ha sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por estar salpicada por la trama Gürtel y cuyo expediente administrativo ha estado trufado de irregularidades puestas de manifiesto por el propio interventor general de la Junta de Castilla y León.

Fue el 26 de noviembre de 2001 cuando Evaristo Martínez Nuñez en representación de Tecnología de la Construcción S.A. (Teconsa) y Javier Nuevo García por Sufi S.A. constituidos en UTE, al 40% / 60%, anunciaron su intención de pujar por hacerse con la obra. Al concurso se presentaron 8 ofertas (7 de ellas UTEs, incluida la Teconsa-Sufi) La adjudicataria Teconsa-Sufi presentó una baja presupuestaria del 1,17% (todas las demás en tormo a un 4%) y fue la que mejor puntuación obtuvo en total (12,18 puntos frente a los 11,46 de su más directa UTE competidora).

La obra, cuyo presupuesto inicial era de 22,6 millones, fue finalmente adjudicada por la consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, a Sufi-Teconsa por 22.571.240, 37 euros el 16 de enero de 2002, según consta en el acta de apertura de proposiciones. Los problemas, sin embargo, tardaron poco en llegar.

El 7 de octubre de 2002 el Jefe del Servicio de Infraestructura para el Tratamiento de Residuos de la Junta dijo: “A la vista de la situación administrativa y legal en la que se encuentra el expediente de expropiación de los terrenos afectados (...) la ejecución de las obras no podrá comenzar hasta el año siguiente”.

Y es que la Junta había perdido un litigio en el que solicitaba “la declaración de la urgencia de la ocupación forzosa de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa que precisa la Diputación provincial de Salamanca para la ejecución del anteproyecto del CTR”.

Fue entonces cuando comenzaron los retrasos, los reajustes presupuestarios y los modificados. El primero se solicitó el 21 de abril de 2003. “Estudiados los posibles yacimientos del material arcilloso preciso e iniciada la búsqueda de un material adecuado, se plantea el problema de que no se encuentra ninguna arcilla en la cantidad suficiente que cumpla las características de impermeabilidad y homogeneidad reflejadas en el proyecto de construcción” se decía en los informes en los que también se advertía de que el modificado sería “inferior al 20% del presupuesto primitivo”. En total 4.509.380,60 euros más (19,98% del presupuesto primitivo y tan sólo dos décimas por debajo del límite legal).

El verdadero varapalo al CTR llegó el 27 de Julio de 2004 en forma de sentencia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ con sede en Valladolid dictó un contundente auto: “Al haber sido anulado el Plan de Residuos Urbanos y Envases de Castilla y León 2002-2010 por la citada sentencia firme de esta Sala de fecha 9 de febrero de 2004, ha quedado sin soporte legal el emplazamiento del CTR”. En su parte dispositiva dejaba claro que se accedía “a la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento” y que se suspendía “el Decreto 65/2004 de la Junta de Castilla y León de 1 de julio de 2004 por el que se aprueba el Proyecto Regional para la instalación del CTR”.

El 30 de julio de 2004 la Junta ordenó paralizar unas obras que no reanudaron hasta el 30 de mayo de 2005, cuando las Cortes ya habían aprobado la Ley 6/2005 de declaración de Proyecto Regional para el CTR.

En ese periodo de tiempo el Ejecutivo dio su visto bueno a dos reajustes de anualidades a pagar a la UTE Sufi-Teconsa (agosto y noviembre de 2004).

Silvia Clemente, Juan Vicente Herrera y María Jesús Ruiz. Foto: Carlos Arranz

Interventor

Poco después, el 15 de julio de 2005, el interventor general de la Junta emitió un demoledor informe en el que se apuntaban distintas irregularidades: “El proyecto modificado se fiscalizó en este centro el 23 de julio de 2004 por un importe de 4.509.380,60 euros pero todavía no ha sido aprobado ni por tanto se ha llevado a cabo su formalización, por lo que no cabe tramitar este expediente en el momento actual; deberá procederse a una nueva propuesta de aprobación de modificado con las actualizaciones que sean pertinente así como los ajustes normativos que procedan, pues no cabe ‘ajustar o reajustar’ lo que no existe, ya que el crédito para ese modificado nunca fue aprobado”.

Además, el Interventor señalaba: “Se ha de tener en consideración que este proyecto ha sido declarado “proyecto Regional” por la Ley 6/2005 de 26 de mayo y en ese momento no estaba aprobada la modificación de ese proyecto y por ende del contrato”.

Con posterioridad, se aprobaron dos ampliaciones de plazo de la obra para permitir que concluyera, no el 31 de diciembre de 2006 como estaba previsto, sino el 31 de enero de 2008.

Parecía que estas iban a ser las únicas vicisitudes administrativas de esta obra, pero no. Con fecha 24 de enero de 2008 aparece en el expediente un “informe sobre carencia de medios” en el que “se considera necesaria la contratación propuesta como servicio complementario” que implica un desembolso adicional al erario público de 464.010,68 euros. La adjudicación de ese “servicio complementario” se realizó por procedimiento “negociado sin publicidad”.

En el mes de marzo, en un Extracto de Expediente para el Consejo de Gobierno, la ya nueva consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, comunica la aprobación del gasto de un expediente de contratación de servicio relativo al servicio por ese importe.

El siguiente informe del Interventor General (25 de noviembre de 2008) superó incluso al anterior: “Según se deriva de las actuaciones, se ha introducido una unidad de obra no prevista ni en el proyecto ni en su modificación y se han producido incrementos en las unidades previstas muy superiores a las autorizadas por la LCAP, sin que se haya tramitado el correspondiente expediente de modificación de contrato, vulnerándose de esta manera lo dispuesto en el artículo 146.3 de la citada ley. También se han producido una serie de actos administrativos sin la preceptiva función interventora de acuerdo con lo que establece el artículo 254 y siguientes de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León”

Además, dejaba claro que: “La adopción de la Junta de Castilla y León de un acuerdo favorable a la autorización para el reconocimiento de las obligaciones generadas no eximirá de la exigencia de responsabilidades a que, en su caso hubiere lugar”.

La citada “autorización de obligaciones” tuvo que ser aprobada en Consejo de Gobierno el 4 de diciembre de 2008 con la firma del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y la nueva consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, sucesora de Silvia Clemente en el cargo.

De esa misma fecha es la Orden de la Consejería por la que se reconoce “con cargo a los créditos del ejercicio corriente y sin perjuicio de las responsabilidades a que en su caso hubiere lugar” una obligación de pago de 3.914.207,95 euros.

Al final la obra, que fue adjudicada por 22.571.240,37 euros, acabó costando 30.994.828,92 euros, según figura en el Acta de recepción del proyecto global del CTR.

Residuos de la trama Gürtel

El pago de comisiones ilegales y amaño de adjudicaciones de la trama Gürtel también planea sobre el CTR de Gomecello. Un informe policial del que se hizo eco El País en su edición del 10 de noviembre de 2010 señalaba que “Francisco Correa cobró 384.670 euros en mayo de 2003 como adelanto de una comisión de 600.000 por la adjudicación de la obra”. Según el diario la policía creía que “Correa y ex altos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex diputado por Segovia, Jesús Merino, lograron que Silvia Clemente adjudicara la obra a la UTE”.

La información obtenida por la Policía se basaba en la contabilidad B de las empresas de Correa, en las que se citaba (con iniciales) a estas cuatro personas y a una quinta más, aunque de forma críptica: “1 sobre de 24mm=144.200 E – CL – S”. La Policía sospechó entonces de esa persona pudiera ser Silvia Clemente (por la letra S asociada a las iniciales CL de Castilla y León).

El informe policial citado por El País no ha llegado a sustanciarse en la imputación de la entonces consejera de Medio Ambiente (actualmente al frente de la Consejería de Agricultura), Silvia Clemente, que siempre ha defendido estar al margen de la trama corrupta, aunque para ello no siempre haya utilizado los cauces adecuados.

Prueba de ello es lo ocurrido con un artículo publicado por la revista República en febrero de 2011. El informe, fue elaborado por Miguel Ángel Ceballos, miembro de Ecologistas en Acción bajo el título “Gürtel por Ley”. En él, básicamente, se recogía la información publicada meses antes por El País en relación a este caso. El informe, fue colgado en la página web de la Federación de Vecinos Antonio Machado de Valladolid y fue a esa Federación y no al Ateneo Republicano de Valladolid, que edita la revista República, a quien se dirigió la consejera Silvia Clemente para, sin ejercer expresamente el derecho de réplica, “aclarar cuestiones” relacionadas con las frases referidas a su persona que ella consideraba que “calumniaban e injuriaban” su nombre.

En su carta, la consejera aseguraba: “En ningún caso el informe policial, que sí identifica al resto de las personas a las que se refiere el artículo, me identifica a mí como preceptora de comisiones y en el sumario judicial instruido en relación con este caso yo no aparezco en ningún momento”. Clemente, además, sostenía en su carta: “No hay ninguna acción judicial ni extrajudicial que me implique en el caso Gürtel. Vivimos en un estado de derecho y las condenas las dictan los jueces y no existe ninguna contra mi persona que me impute ningún hecho relacionado con la trama Gürtel”.

Hoy, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas está en la cárcel y la trama Gürtel ya tiene por nombre su apellido. Nadie sabe qué ocurrirá si una posible puesta en marcha de su ventilador acaba resucitando viejas investigaciones policiales en relación a este y otros casos de supuestos cobros de comisiones ilegales y amaños de adjudicaciones en Castilla y León.


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